La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de una reforma constitucional con el objetivo de eliminar las pensiones millonarias que actualmente reciben exfuncionarios de alto nivel y personal de confianza en distintas dependencias federales.
Durante la conferencia matutina del 18 de febrero, la mandataria explicó que la iniciativa plantea que ninguna nueva pensión pueda superar el 50 por ciento del salario que percibe la persona titular del Ejecutivo federal, dejando claro que los derechos adquiridos con anterioridad no pueden modificarse.
Sheinbaum subrayó que esta reforma no afecta a trabajadores con contratos colectivos, sino exclusivamente a exservidores públicos de confianza que llegaron a recibir pensiones mensuales de hasta un millón de pesos. “No puede seguir ocurriendo que se paguen pensiones de 300 mil o incluso más de un millón de pesos mensuales”, enfatizó.
La secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro, informó que la eliminación de estas pensiones representará un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos anuales, recursos que serán destinados a programas sociales y de bienestar.
Durante el anuncio se detalló la magnitud del problema en diversas instituciones. En empresas como Pemex y Comisión Federal de Electricidad, miles de jubilados del régimen de confianza reciben pensiones que en algunos casos superan los ingresos de la propia Presidenta de la República.
La consejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián, informó que la iniciativa será enviada al Senado para reformar el artículo 127 constitucional, estableciendo un tope obligatorio para las pensiones de exfuncionarios de alto mando en organismos descentralizados, empresas paraestatales y dependencias gubernamentales.
El Gobierno federal sostuvo que esta medida busca equidad, austeridad y justicia social, corrigiendo excesos heredados de administraciones pasadas y alineando las pensiones con el principio de que ningún servidor público puede ganar más que el Ejecutivo en funciones.